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INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE (IACC)
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The 9th International Anti-Corruption Conference

The Papers


Combatiendo la Corrupción
Del Dicho al Hecho... Reduciendo el Trecho


Miguel Schloss
Director Ejecutivo, Transparency International


La corrupción es uno de los mayores desafíos del mundo contemporáneo. La corrupción mina la gestión gubernamental, distorsiona la política pública y alocación de recursos, deteriora el sector privado y sus posibilidades de desarrollo, afectando muy especialmente a los más desfavorecidos. Su control sólo se hace posible mediante una cooperación de un amplio espectro de copartícipes en la integridad del sistema, incluyendo como actores de especial relevancia al estado, a la sociedad civil y al sector privado TI reconoce una responsabilidad compartida de los actores de diversas esferas en la corrupción y pone su énfasis en la prevención y en la reforma de los sistemas, no exponiendo casos individuales; TI considera que el movimiento contra la corrupción es global y transciende los sistemas social, político, económico y cultural…TI es políticamente apartidista; y reconoce que existen poderosas razones prácticas como éticas para contener la corrupción.

Citas de la Declaración de Misión de Transparencia International

Combatiendo la corrupción
Del dicho al hecho …

Debe haber no un balance de poder; sino una comunidad de
poder; no rivalidades organizadas, sino una base común
organizada

Woodrow Wilson

El consenso emergente

Si quieres que el presente sea diferente del pasado,
estudia el pasado

Baruch Spinoza

Tres son los factores que indican que ha llegado el momento de actuar en el combate contra la corrupción:

  • Como resultado de un programa de concientización llevado a cabo principalmente por Transparency Internacional, nos estamos enfrentando con un creciente consenso sobre la necesidad de combatir la corrupción al fortalecer la transparencia de la gestión pública y privada.

  • Igualmente, se ha acumulado evidencia cada vez mayor que muestra en forma convincente que los niveles de corrupción afectan negativamente el desempeño económico de los países.1

  • Finalmente, la percepción de hombres de negocios, inversores internacionales y ciudadanos de los mismos países indican que en buena parte del mundo en desarrollo, incluyendo América Latina, los niveles de corrupción son vistos como altamente prevalecientes. No es menester ante esta realidad recalcar que "cuando el río suena, piedras lleva".

Por ello es imposible soslayar la conclusión de que el progreso económico sostenido en la región depende en forma crítica de la reducción de los niveles de corrupción. De hecho, hoy en día, la discusión sobre corrupción ha dejado de ser un tabú. La prensa en las Américas divulga ampliamente el tema y la mayoría de los países hoy en día admiten, de una forma u otra, que tienen problemas en la materia:

  • Por parte de la sociedad civil en general, pocos siguen sosteniendo la noción que la corrupción puede ser beneficiosa, que "facilitan" los negocios al evadir la burocracia, y hay un aumento de voces que exíge mayor y mejor rendición de cuentas por parte de las autoridades.

    En el sector privado un número creciente de empresas abocadas al comercio e inversión internacional, en especial en Estados Unidos y Canadá han empezado a trabajar en códigos de conducta, programas de ética y mecanismos internos de control para sanear la conducta de sus empleados, filiales y, en algunos casos, sus representantes e intermediarios. Dichas empresas se están percatando cada vez más de que la corrupción les es contraproductiva y que puede afectar en forma negativa la viabilidad a largo plazo de sus negocios. Por ello crecientemente el sector privado empieza a exigir procesos de licitación y contratación mejores y más abiertos.

  • Los gobiernos, similarmente, están desarrollando normas colectivas de conducta en el comercio internacional, tal como se refleja en la Convención de la OCDE, que entró en vigor en febrero de 1999, y la Convención Interamericana contra la Corrupción referida en este documento. Igualmente han empezado a desarrollarse programas de anticorrrupción en un pequeño número de países dentro de la región.

  • Los bancos multilaterales de desarrollo, similarmente, han empezado a jugar un papel dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad. El FMI está limitando sus operaciones en países donde los niveles de corrupción se consideran que estén afectando negativamente el desempeño económico y ha emitido lineaminetos sobre transparencia fiscal que utiliza en sus operaciones financieras. El Banco Mundial ha desarrollado un programa más integrado que incluye sanciones a empresas involucradas en prácticas de corrupción, modificaciones de procesos de licitación, etc. Otras instituciones de desarrollo han comenzado a instituir programas similares.

De hecho, la conciencia sobre este tema se ha generalizado de tal forma que en estos momentos está de moda el buscar dividendos políticos al invocar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no obstante la retórica de los últimos cinco años y el progreso mencionado antes, son pocos los países que han demostrado una capacidad de actuar en forma concreta, coherente y efectiva. Si ello continúa hacia el futuro, existe el riesgo de que este tema pase a ser sobrellevado por otro tipo de preocupaciones, socavándose con ello los programas económicos, la sostenibilidad y (peor aún) legitimidad de los gobiernos y, en última instancia, la mejora de los niveles de vida de la población en general.

El contexto regional

El camino al progreso no es ni rápido, ni fácil
Marie Curie

La región que hace no mucho estaba dominada por regímenes militares, es hoy en día la base de un número creciente de nuevas democracias. El continente, que en el pasado tenía una predominancia de empresas paraestatales protegidas por todo tipo de leyes gubernamentales, restricciones de importación y subsidios de alto costo para los países, es hoy en día un núcleo de mercados competitivos y crecientes, con privatizaciones y liberalizaciones que facilitan el dinamismo de los sectores productivos. Como parte de las exigencias más modernas, la dirección de los sectores públicos y privados está cada vez más en manos de una nueva generación con preparación técnica y mejor calificada. De hecho, la región está hoy en día mejor posicionada para enfrentar los vaivenes de la economía internacional y es, de hecho, materia de observación y copia para otras partes del mundo.

América Latina ha comenzado el camino de una transformación profunda. Merece recalcarse el que ésto es un comienzo, ya que la brecha entre ricos y pobres sigue siendo formidablemente alta, los beneficios de la expansión económica y crecimiento en años recientes, aún tienen que llegar a la gran mayoría de la población. Igualmente, el desarrollo institucional que sostiene los procesos democráticos es relativamente nuevo, y aún bastante débil. Para superar este tipo de preocupaciones, la región tiene que extender el proceso de reforma más allá de la estabilización y liberalización económica. Estas reformas de "segunda generación", requieren cambios institucionales incluyendo en muchos casos reformas en el poder judicial y sector público, el sistema de seguridad social, etc. Además de fomentar el desarrollo económico, estos cambios darían la legitimación, tanto económica como política que permitiría la sostenibilidad de los progresos que se han hecho en la región.

Sin embargo, hay una gama amplia de desarrollo institucional para combatir la corrupción a través de las Américas. En Estados Unidos, en un extremo, hay una historia de más de 20 años desde la promulgación de la Resolución de Etica en Acciones Gubernamentales. Desde entonces, el poder ejecutivo del gobierno federal ha construido una infraestrectura altamente desarrollada que incluye una gran variedad de agencias especializadas que llevan a cabo funciones preventivas, investigadativas, procuradoras y de supervisión. Estas entidades implementan un marco integrado de leyes y reglamentos administrativos destinados a preservar la integridad e imparcialidad de las operaciones y decisiones de gobierno, y ayudan a nutrir la confianza pública en la gestión democrática. En el otro extremo, tal vez en Centro América, el nivel de aspiraciones para gobiernos transparentes y que rindan cuenta pública, pueden difícilmente apoyarse en la infraestructura legal e institucional que es esencialmente obsoleta para un mundo más dinámico y moderno. Entre estos dos extremos se encuentran los países del Cono Sur, que han emprendido reformas modernizadoras en las últimas décadas.

Cualquiera que sea el desarrollo institucional, habrá que enfrentar el problema de la corrupción en forma más coherente y sistemática, para que con ello la percepción negativa sobre el tema en esta región mejore significativamente, tanto entre hombres de negocio, como en la población en general (ver Cuadro I). Sólo así se podrá mejorar el ambiente de inversión y posibilidades de desarrollo económico sostenido en el mediano plazo.

Debe recalcarse que la clasificación de regiones es insensible a cualquier metodología que se ocupe en la elaboración del índice. Sin embargo, la falta de precisión del sistema de puntajes hace menester el ser sumamente circunspecto en la interpretación de clasificación de países individuales, ya que los mismos muestran tener errores estándares muy variables entre los distintos países. Por ello, los datos deben verse como una importante "señal" del problema, y no como una medida de alta precisión

Hacia la implementación

Todo está en la ejecución
Napoleón Bonaparte

Para toda acción en este campo, se requiere el apoyo decidido de la parte de gobiernos, el sector empresarial y la sociedad civil en torno a acciones concreta tanto en el campo preventivo como punitivo contra la corrupción.2 En la mayor parte de los casos, el énfasis debe enfocarse en cambios sistémicos y de incentivos, más que en cambios legales, para así entrar de raíz a las condiciones que generan la corrupción. En muchas situaciones hay áreas que requieren acciones obvias, como la eliminación de discrecionalidad en actuaciones gubernamentales. En otros habrá necesidad de trabajos de diagnóstico más exhaustivos para definir acciones correctivas que van a la raíz del problema.3

Sea cual fuere el camino que se siga, la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996 constituye un buen marco de referencia para la acción en la región . Dicha Convención fue, y de hecho sigue siendo, un hito en el desarrollo de las relaciones económicas y sociales entre los países de América. Es más, el acuerdo abrió camino a nuevas posibilidades de entendimiento en otras regiones, y ha puesto en la agenda internacional en forma más clara y fehaciente la necesidad de criminalizar la corrupción y toda forma de enriquecimiento ilícito. La Convención también provee el marco para mayor asistencia mútua para extradiciones y otras acciones para facilitar la sanción, como también una serie de leyes de tipo punitivo preventivo, tales como las medidas contra el conflicto de interés, declaración de bienes, licitaciones públicas, etc. (ver texto de la Convención en página web de OEA:www.oas.org

Sin embargo, no obstante el tiempo que ha pasado y la naturaleza de lo acordado en la Convención, el progreso ha sido excesivamente pausado, quedando aún un camino largo por recorrer para traducir lo convenido en legislaciones, regulaciones y cambios institucionales para tener resultados prácticos, en el terreno. Por ello, es importante que las autoridades del continente establezcan metas claras con el fin de que se ratifique y se implemente la Convención a la mayor brevedad posible. Específicamente, debiéramos proponernos que el reto colectivo que emprendamos es que: (i) se ratifique la Convención y se implemente antes del siglo XXI (v.gr. antes de fin año); (ii) que, con este fin, se establezca en la OEA un mecanismo para monitorear y facilitar la implementación por parte de los Estados firmantes; y (iii) que la OEA expida informes periódicos, incluyendo un resumen para la reunión de Ministros en su Asamblea General.

Ello facilitará promover: (a) el cumplimiento de la Convención; (b) el establecimiento de un foro para consultas e intercambio de ideas a la luz de la experiencia a medida que se vaya gestando; (c) la movilización de recursos humanos e institucionales a través de grupos de trabajo que ayuden a la resolución de problemas que se presenten; (d) el desarrollo de una "memoria institucional" para futura referencia; (e) el apoyo en la etapa de implementación y puesta en vigor, en la cual se requerirá aún más el intercambio de experiencia y coordinación.

No se puede enfatizar suficientemente la importancia de un seguimiento riguroso, ya que está empezando a ser crecientemente fácil poner en tela de juicio la credibilidad de nuestros Gobiernos cuando a dos años de firmada la Convención aproximadamente sólo la mitad de ellos lo han ratificado, quedando además aún por delante la etapa más laboriosa de implementación y cumplimiento. Para dar una idea del trabajo hecho y por hacer el Cuadro II resume la situación de algunos de los acuerdos claves de la Convención:

Fuente: Anexo II
Cuadro II Estado de avance de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Ratificación

No. de países
Implementación

No. de países que tienen o procesan legislación.

  • Miembros de OEA

  • Firmantes:

  • Ratificaron

34

25

17

  • Criminalización de soborno Transnacional
  • Enriquecimiento ilícito:
  • Códigos de conducta:
  • Declaración de bienes
  • Licitaciones transparentes:
  • Acceso a información:
1
9
6
12
8
8

Transparency International, a través de los Capítulos presentes en las Américas, está dispuesto a apoyar el proceso, divulgando dentro de la sociedad civil información avalando y creando consenso en torno a la ratificación, organizando la consecución de datos para lo que podría constituir un informe de progreso de la OEA, y otras formas que se consideren que puedan ser útiles para lograr el objetivo convenido. Nuestro apoyo desde la sociedad civil al avance hacia la implementación de la Convención será indefectible. Entre dicho apoyo y las acciones gubernamentales, podremos superar los problemas de credibilidad referidos anteriormente.

Sabiendo que éste no es un proceso sencillo, el Anexo I resume una lista de recomendaciones que Transparency International ha sometido a la Reunión en la Cumbre de las Américas, con fechas adaptadas al objetivo antes señalado. Sin querer entrar en detalles, ello requeriría acciones a nivel nacional, para lo cual se adjunta como Anexo II un listado del estado de ratificación e implementación de la Convención en cada uno de los países de la región.

Aún cuan sea prematuro sacar conclusiones muy taxativas a esta altura sobre experiencias análogas en otras regiones, es interesante observar el proceso que está tomando lugar en los países de la OCDE con relación a la convención de fines de 1997 sobre soborno de representantes extranjeros de sectores públicos en transaciones comerciales internacionales.4 Dicho sea de paso, seis países 5 de esta región también son firmantes de dicha Convención. Si bien el alcance de aquella Convención es más limitada que la acordada en las Américas, su proceso de ratificación está lográndose en forma más expedita, debido en lo fundamental a que se han establecido metas más explícitas y un proceso de monitoreo en apoyo a su ejecución. También al enfocarse más selectivamente a unos objetivos más limitados y específicos, ello ha facilitado el progreso más expedito hacia su implementación. Lográndose introducir estos elementos en el proceso de aquí en adelante la Convención de las Américas podrá pasar a ser parte de la realidad del continente.

Apoyando las Reformas.

Dime con quién andas, y te diré quién eres
Miguel de Cervantes

Sería errado desprender que la solución se limita a expedir leyes que reflejen lo convenido en la Convención. Como se puede ver en el Cuadro III, una parte importante de los sistemas legales latinoamericanos tienen dificultades crecientes de atender las demandas de una sociedad cada vez más dinámica. Poco servirá pasar leyes cuando los poderes judiciales no dan abasto para su aplicación.

CUADRO III Desempeño de Sistemas Judiciales
Mayor demoras en procesos
(en %)
Aumento en casos
pendientes (en %)
País1973 - 19821983 - 1993 1973 - 19821983 - 1993
Argentina6,717,89,227,9
Brasil6,319,12,219,7
Chile8,411,12,129,4
Colombia3,47,89,128,1
Venezuela3,128,311,831,3

El creciente aumento en la demora de procesos y casos pendientes empezarán a constituir factores limitantes en la modernización de los países del continente. La globalización, que conlleva mayores presiones competitivas y la consecuente necesidad de aumentos de eficacia y eficiencia requieren una adecuación y agilización significativa, tanto de los sistemas judiciales como del aparataje estatal en general.

En principio toda acción destinada a poner en vigor derechos de propiedad, limitar el abuso del poder público y, más en general, hacer prevalecer el estado derecho se consideran que cimienta el desarrollo de los países. En los países donde resulta difícil el asegurar el cumplimiento de contratos, las empresas e individuos tienden a evitar los sistemas judiciales, integrándose verticalmente y evitando transacciones entre entidades, con las deseconomías consecuentes.

Los sistemas judiciales frecuentemente necesitan una infraestructura informática, económica, equipo y materiales para enfrentar la carga creciente de casos. Al mismo tiempo hay limitaciones inherentes al manejo más expedito de los procesos, ya que los casos son cada vez más complejos. Por otra parte, las limitaciones inherentes de los sistemas judiciales a un aumento exponencial de casos en una economía moderna enfatiza la necesidad de apoyar los mecanismos informales de sanción y aplicación de contratos. Oficinas de evaluaciones de crédito, asociaciones gremiales de inversionistas o comerciantes merecen igual atención que los vehículos judiciales que son más bien de última instancia. De ahí la importancia en replantear en el modelo institucional y, por lo menos, apoyar la facilitación de mecanismos de arbitrajes, sistemas mutuos de control como Pactos de Integridad u otros similares para reducir la carga sobre los sistemas judiciales.

En términos más generales, se requiere el desarrollo de mecanismos de decisión que permitan reconciliar presiones proveniente de una sociedad crecientemente dinámica y liberada de jerarquías, y un mundo con territorialidades desvanecientes. Por otra parte, como lo han ilustrado los contagios de crisis financieras, el esfuerzo mancomunado entre países es ahora más que nunca un requisito para el desarrollo continuado en un mundo interdependiente. Las crisis, llámense "tequila" o "zamba", han dejado a luz la inoperancia de los instrumentos y la estructura de política económica a nivel regional y global. Igualmente, la caída vertiginosa de gobiernos y países supuestamente invencibles en Asia y Europa del Este, muestran la imperiosa importancia de responder a las demandas de la sociedad civil.

Tarde o temprano, estos factores se evidenciarán en la implementación de la Convención. Los mercados de capital y comercio siguen una lógica muy diferente al de los Estados de la región. Los gobiernos, por su naturaleza, están equipados para la mantención de fronteras y su legitimidad se funda en el control de los mismos. Los mercados, por otra parte, no dependen de límites territoriales, y "deciden" alocar los recursos según dónde se les ofrecen condiciones más atractivas.

Por ello, la implementación de la Convención debe llevarse a cabo aprovechando las fuerzas tanto de la globalización como de la sociedad civil - - sin confundir gobierno con gobernabilidad. Ello implica la articulación de decisiones integrando explícitamente organismos multilaterales, gobiernos, sectores privados y sociedad civil, apoyándose en cada una de estas agrupaciones en las áreas donde la acción conjunta sea más eficaz.

Es más, los cambios antedichos difícilmente podrán realizarse sólo por los gobiernos, que frecuentemente son la causa del problema, o los sectores privados que suelen frecuentemente participar activamente en acciones corruptas para gestionar sus negocios. La resolución tiene, por tanto que requerir la participación coherente de varias partes:

  • Las instituciones multilaterales pueden ayudar en la en la ejecución de los trabajos analíticos de diagnóstico y el desarrollo del marco para programas de anticorrupción, y su eventual financiamiento para su puesta en marcha. Dichas entidades deben, sin embargo, hacer un esfuerzo mayor para que el tema de la transparencia y anticorrupcion forme parte integral de todos de sus programas de asistencia técnica y económica. Al mismo tiempo la OEA debería tener atribuciones mayores en el monitoreo de la Convención y una vinculación más operativa con organismos multilaterales de préstamos (especialmente Banco Mundial y BID) para que los mismos apoyen más decididamente acciones conducentes a la ejecución de la Convención en sus operaciones.

  • Transparency International, a través de los Capítulos Nacionales en los diversos países colabora en las movilización de la sociedad civil en la participación de todas las partes interesadas en acciones correctivas en este campo. Con este fin, Transparency International trabaja con las organizaciones e individuos que desean contribuir a los esfuerzos a realizarse para movilizar conocimientos necesarios. Para ello la institución intercambia experiencias, organiza aprendizajes prácticos de los mismos y da apoyo a través de instituciones que han desarrollado nuevos enfoques, herramientas y otro medios para combatir la corrupción - y por sobre todo para que la sociedades civil sean protagonista (y no opositora) de cambios constructivos.

  • Instituciones bilaterales pueden aportar experiencias directas, tal como están haciendo los Estados Unidos en el caso de Chile y Argentina en auditorias de gestiones públicas, o Nueva Zelandia y Australia en el caso chileno en métodos de administración presupuestal transparente.

Esta cooperación, para ser efectiva tiene que estar basada en las ventajas comparativas de cada una de las partes, trabajando "juntos, pero no revueltos". Lo mismo vale para organismos como Transparency International en las Américas, donde se ha convenido en el liderazgo temático de los Capítulos Nacionales de acuerdo a las experiencias que se han desarrollado, y con ello generar apoyo mutuo entre los Capítulos en siete áreas de prioridad: comunicación y difusión (Panamá); herramientas de anticorrupción, análisis económico y diagnósticos (Argentina); fortalecimiento institucional (Ecuador); educación (Venezuela); monitoreo de la Convención Interamericana (Estados Unidos); justicia y sistemas judiciales (Uruguay). Ello ha estado facilitando la acción creativa de los capítulos en una gran variedad de actividades de alta efectividad 6.

Conclusiones

Por delante nos quedan selecciones Darwinianas en cada mercado, sin premios de consuelo para empresas y naciones perdedoras
John F. Welch

No debemos dejar pasar esta oportunidad sin dejar hacer tres reflexiones de especial importancia para nuestra región:

  • En un mundo de creciente globalización, integración económica y convergencia de sistemas políticos, una existencia aislada ya no es viable -- al menos sin un costo prohibitivo en el desarrollo económico. El establecimiento de nuevos estándares de conducta, tanto de los países como de las empresas es un factor inexorable, que se está esparciendo entre las grandes empresas internacionales, instituciones multilaterales y convenciones entre países como el que es objeto de este artículo. Los cambios tecnológicos, la creciente fluidez en la transferencia de información, y el aumento de la competencia que estos factores conllevan, están forzando crecientemente a las empresas y los países a proveer mejores bienes y servicios a precios más competitivos. La corrupción puede "vender" en el corto plazo productos y servicios obsoletos o a precios altos - - pero mermando la ventaja competitiva que es crecientemente necesaria para el éxito en el mundo de hoy.

  • Como la ratificación de la Convención es una condición necesaria pero no suficiente para la reducción de la corrupción, aumento de transparencia y modernización de los países de la región, su implementación deberá ser complementada por acciones tales como: (i) reformas que tengan una perspectiva de mejoras de la gobernabilidad de los países, que enfoquen en la creación de un ambiente que facilite la actuación del mercado, la participación de la sociedad civil y la capacidad operacional de los gobiernos; (ii) fortalecimiento de la delegación de poderes a niveles locales, tanto para la toma de decisiones a diversos niveles del sector público como el manejo de los recursos correspondientes; (iii) desarrollo de indicadores de desempeño que pongan mayor atención a las acciones y los resultados en áreas que concluyan la corrupción, para la toma expeditas de acciones correctivas; (iv) definición de acciones adaptadas a la situación específica de cada país, basadas en diagnósticos que van más allá de las acciones comunes acordadas dentro de la Convención; (v) institución de procesos participativos que complemeten los análisis técnicos, para que las decisiones sean basadas en conocimientos de los directamente afectados y con ello mejorando la sostenibilidad de las decisiones.

  • A la larga, debemos entre nosotros todos recortar el tramo entre lo dicho y lo hecho. Una eficaz ratificación y posterior ejecución de la Convención, una mayor claridad en la definición de metas y responsabilidades, y una mayor transparencia en la asignación y uso de recursos, aumentarán la confianza en los gobiernos de la región, y con ello sus facultades para operar más efectivamente. Ello se facilitaría al dar un rol fiscalizante tanto a los sectores privados y de la sociedad civil en el proceso de ratificación y ejecución de la Convención.

Por todo ello, si el continente americano debe seguir desarrollándose, una de las vías más importantes es através del allanamiento de todas las trabas y vías que fomentan la corrupción. Sólo de esta forma, y comprometiéndonos a impulsar los objetivos antedichos, podremos situar al continente en una vía sostenida de desarrollo en el umbral del nuevo milenio.


Notas

  1. Vito Tanzi, Hamit Davaodi, Corruption Public Investment and Growth, IMF Working Paper 97/ 139 (1977) Paolo Mauro, 1998, Corruption Causes, Consequences and Agenda for Future Research; Finance&Development (March 1998)

  2. Miguel Schloss, Combating Corruption for Development: The Role of Government, Business, and Civil Society, TI/ EDI, New Perspectives on Combating Corruption (September 1998)

  3. Daniel Kaufmann, Challenges in the next Stage of Anti- Corruption, TI/ EDI New Perspective on Combating Corruption (September 1998)

  4. Fritz Heimann, Nancy Zucker Boswell:

    The OECD Convention: Milestones on the Road to Reform, New Perspectives on Combating Corruption (September 1998)

  5. Canadá, México y EE.UU. como miembros de OCDE, y Argentina, Brasil y Chile.

  6. Ejemplos de actividades:
    • Apoyo en el diagnóstico, preparación y eventual monitoreo de un programa anticorrupción y privatización en Ecuador;
    • Conducción de audiencias públicas y eventual pacto de integridad en Argentina;
    • Programa de educación cívica en Venezuela;
    • Monitoreo de selección de jueces en la República Dominicana;
    • Monitoreo de costos de campañas políticas en Argentina;
    • Monitoreo de privatización de un sector económico en Panamá.


Anexo I

Recomendaciones de Transparencia Internacional Para Combatir la Corrupcion para el Simposio el Fortalecimiento de la
Probidad y la Etica Civica

Considerando los compromisos asumidos para combatir la corrupción en los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas de 1994 y 1998, y las provisiones de la Convención Interamericana contra la Corrupción ("Convención"), los gobiernos deben comprometerse a:

  1. Tomar las siguientes medidas respecto a la Convención:

    • Completar la ratificación de la Convención antes del 31 de diciembre de 1999;

    • Establecer un órgano dentro de la OEA para promover su implementación y para monitorear el progreso;

    • Informar sobre el progreso a la Asamblea General de la OEA en junio de 1999 y anualmente después;

  2. Tomar los siguientes pasos concretos sobre implementación:

    • Aprobar normas de conducta y reglas sobre los conflictos de intereses y las incompatibilidades entre el ejercicio de la función pública y los intereses privados;

    • Obligar la declaración pública del patrimonio de los funcionarios públicos de alto rango (y sus familiares) en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial;

    • Crear o fortalecer la capacidad de hacer efectivo el cumplimiento de parte de los órganos nacionales de monitoreo y control;

    • Exigir la publicación oportuna de información sobre la actividad gubernamental, incluyendo presupuestos y desembolsos, el acceso a la información y las audiencias públicas para tomarse en consideración la opinión ciudadana.

  3. Promover la independencia, integridad y transparencia en la administración de justicia:

    • Publicar los criterios de selección de los jueces y asegurarán el control público de los candidatos;

    • Establecer la selección por mérito;

    • Capacitar en los más altos estándares éticos;

    • Crear mecanismos para fiscalizar el buen funcionamiento;

    • Fortalecer el papel de los fiscales.

  4. Promover la transparencia y la integridad en las licitaciones públicas y en la Aduana:

    • Implementar un acuerdo regional sobre la transparencia en las licitaciones públicas antes del 31 de diciembre de 1999;

    • Instar el uso de los "compromisos anti-soborno" y los códigos de conducta empresariales que prohiban el soborno en la licitación pública y en los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial;

    • Impulsar el Banco Interamericano de Desarrollo para que adopte normas, documentos y políticas uniformes de licitación pública basados en los más altos estándares éticos;

    • Tomar medidas inmediatas para simplificar los procedimientos y erradicar la corrupción en las aduana


Anexo II

TI-AMÉRICAS PROGRAMA DE MONITOREO - CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

INFORME DE AVANCES ANTI- CORRUPCIÓN

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

País(1)Ratificación (2)Soborno
Transnacional(3)
Enriquecimiento
Ilícito (4)
Códigos de
Conducta
Divulgación
de
patrimonio (5)
Transparencia
en las
licitaciones (6)
Acceso a la
Información (7)
Argentina
(8/4/97)
NO NONONO
Bolivia
(1/23/97)
NO NO (8)
(5)
SÍ/(Derecho
constitucional)
BrasilNO
(Enviada al
Congreso)
NO
(No cumple
con la Conv.)
NO (8)
(5)

(Derecho
constitucional)
CanadaNONONO (4)NO
Chile
(9/22/98)
NONO (8) NO -
(Pendiente en
legislatura)
NO -
(Pendiente en
legislatura)
NO (8)NO -
(Pendiente en
legislatura)
ColombiaSÍ (11/25/98)NO SÍ (5)
Costa Rica
(5/9/97)
NO (8) NO -
(Pendiente en
legislatura
Ecuador
(5/26/97)
NO NO -
(Pendiente en
legislatura)
NO -
(Pendiente en
legislatura)

(Derecho
constitucional)
JamaicaNONONONO -
(Pendiente en
legislatura)
NONO -
(Pendiente en
legislatura)
Panamá
(7/20/98)
NO -
(Pendiente en
legislatura)
NO -
(Pendiente en
legislatura)
NONO -
(Pendiente en
legislatura)-
(5)
SÍ(Derecho de
petición) (7)
Paraguay
(11/29/96)
NOSÍ (bajo
reforma) - (4)
NO
(5)

(Derecho
constitucional)
(7)
Perú
(4/4/97)
NO
(No cumple con
la Conv.)
NO
Uruguay
(10/28/98)
NONO - (Pendiente
en legislatura)-
(4)
NOSÍ (bajo
reforma )
NO Enviado al
Congreso 11/96
USANO
(Enviada al
Congreso)
NO (4)
Venezuela
(5/22/97)
NONO -(Pendiente
en legislatura)
NONONO

Notas

  1. Signatarios Sólo 26 de los 34 miembros de la OEA han firmado la Convención; además de los listados arriba, países que no la han ratificado son: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Canada, Dominica, Grenada, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, St. Kitts y Nevis.

  2. Otros países que han ratificado: El Salvador (10/26/98); Honduras (5/25/98); México (5/27/97); Nicaragua (3/17/99); República Dominicana (6/2/99); Trinidad and Tobago (4/15/98).

  3. Soborno transnacional: Seis miembros de la OEA (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, y USA) firmaron la Convención de la OCDE contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros, que prohibe el soborno transnacional.

  4. Enriquecimiento ilícito: En algunos países sin el tipo penal específico del enriquecimiento ilícito, existen o se ha propuesto delitos relacionados con un resultado similar.

  5. Divulgación del patrimonio: Algunos países exigen la declaración del patrimonio de los funcionarios públicos solamente a una agencia gubernamental, sin que haya un derecho ciudadano de acceso a los resultados, y en general hay pocos indicios que la información ha sido utilizada para comenzar acciones penales. También, en algunos países, la cobertura se limita a ciertos funcionarios y/o cierto patrimonio. La Convención prevé la divulgación pública, que permite una mayor rendición de cuentas y el control ciudadano.

  6. Transparencia en las licitaciones públicas: La Convención insta la licitación pública transparente, equitativa y eficiente. Actualmente, aún en países con leyes sobre las licitaciones con algunos elementos de transparencia, muchas no son uniformes, comprensivas y facilmente disponibles. Los países pueden lograr esta meta con la celebración e implementación para el año 2000 de un Acuerdo del ALCA sobre la Transparencia en las Licitaciones Públicas.

  7. Acceso a la información: Algunos países tienen derechos constitucionales a peticionar o sobre la libertad de expresión que en la práctica no brindan el acceso a la información. Para facilitar la transparencia y participación ciudadana, los países deben establecer un derecho al acceso a la información, la difusión regular de la información, y audiencias públicas abiertas.

  8. Propuestas de reforma no enviadas a la legislatura.


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